Un grupo bipartidista de 17 fiscales generales estatales instó a los senadores a rechazar la Ley CLARITY, argumentando que podría debilitar su autoridad para perseguir el fraude con criptomonedas y proteger a los inversores. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que el proyecto de ley podría otorgar a la SEC nueva autoridad para anular los poderes estatales de registro y generar incertidumbre en torno a la aplicación de las leyes estatales de valores. Los republicanos del Senado publicaron una versión revisada del proyecto de ley antes de la votación de procedimiento del martes, incorporando un papel para los estados en la aplicación de las normas sobre conflictos de interés para los funcionarios públicos. La legislación revisada permitiría al secretario del Tesoro imponer un freno de 18 meses a las recompensas de stablecoins si las stablecoins de pago provocan salidas sustanciales de depósitos de los bancos comunitarios. El proyecto de ley modifica las protecciones para ciertos desarrolladores de software y aclara las normas estatales de protección al consumidor, pero los fiscales generales dijeron que las revisiones no resolvieron sus preocupaciones sobre la aplicación de la ley.